Marcelo Saín defendió su gestión cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y contó que, junto a Omar Perotti, presentaron una agenda para cortar el vínculo entre el Estado y el delito pero no recibió el apoyo político necesario para llevarla a cabo. Además, aseguró que el narcotráfico en la ciudad santafesina está fuertemente ligado a sectores políticos y financieros que se benefician económicamente de su actividad. “Los delitos de alta rentabilidad, totalmente vinculados al narcotráfico en Santa Fe, tienen fuerte protección de sectores de la política”, denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).
Marcelo Saín es licenciado en Ciencia Política. Se desempeñó como ministro de Seguridad de Santa Fe entre 2019 y 2021, e interventor de la policía de Seguridad Aeroportuaria entre 2005 y 2009. Fue diputado de la provincia de Buenos Aires en 2011 y Director de la Unidad de Formación Financiera abocada a la investigación de lavado de dinero y delitos conexos entre 2001 y 2005. También ocupó el cargo de viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires entre 2002 y 2003.
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A lo largo de estos días hemos escuchado todo tipo de críticas y autocríticas sobre lo que no funcionó en materia de seguridad para la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe. Me gustaría un balance suyo, si hay autocríticas respecto a lo actuado, y su visión sobre la situación actual.
Sí, tengo muchas autocríticas. De hecho, estoy escribiendo un largo libro sobre nuestra gestión y, particularmente, lo que yo entiendo es que hubo un brutal lawfare, que nosotros recibimos como consecuencia del éxito de la gestión, que sólo estuvo abocado en la profundización de investigaciones que conducían para lo que, yo interpreto, es el problema más serio en Santa Fe, que no es el crimen de calle, el crimen de sangre, sino las estructuras de poder que, de alguna manera, directa o indirectamente, tienen vinculación estrecha con ese crimen. Me refiero a las estructuras políticas, las estructuras de lavado, las estructuras de investigación penal que están estrechamente vinculadas por acción o por omisión con esos delitos de sangre.
La autocrítica que yo hago es que nosotros armamos, con el gobernador Perotti, una agenda que fue anunciada por el gobernador el propio 11 de diciembre del 2019, en la que dijimos que íbamos a cortar el vínculo entre Estado y delito, porque ahí está el problema en Santa Fe. Él lo reiteró durante todo un año. A mí me tocó bajar eso, teniendo el antecedente previo de haber ganado el concurso en la policía judicial, durante un año y medio la dirigí previo a eso, y esa policía, que era el organismo de investigaciones, estaba abocada a investigar estructuras criminales complejas nada más. Con lo cual, nosotros ya conocíamos en detalle lo que estaba pasando en Santa Fe.
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Una cosa que nosotros vimos con total claridad es que los delitos de alta rentabilidad, totalmente vinculados al narcotráfico en Santa Fe, tenían fuerte protección de sectores de la política. Por una razón, hay financieras que se apropian de una brutal cantidad de dinero, que no quedan en los barrios populares donde se comercializa la droga, y eso está estrechamente vinculado al financiamiento de la política.
Nada distinto de lo que puede pasar acá, pero allá esa configuración tiene el hecho de que se mezcla el dinero sucio de la soja con el dinero sucio del narcotráfico y el dinero sucio de un montón de emprendimientos de origen legal, pero que después terminan, con la evasión, convirtiendo en fondos ilegales.
El error es no haber entendido que para llevar a cabo una agenda de esa envergadura teníamos que tener fuerte poder político, y dentro de ese error, nosotros contábamos con el apoyo del gobierno de Alberto Fernández, a quien le explicamos en detalle, a él y a todo su gabinete, ya en enero del 2020, qué íbamos a hacer y en qué condiciones la íbamos a hacer, pero nunca tuvimos el respaldo necesario que para nosotros era imprescindible para llevar a cabo esa agenda.
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Bueno, esa agenda fracasó. Al año y medio reaccionaron, no los criminales. Yo no tuve problemas con los narcotraficantes, yo tuve problemas con la estructura de poder, porque el teléfono te suena en Rosario cuando pateás la puerta de una financiera, no cuando pateas la puerta de un rancho. Esa sería la autocrítica.
Allá se ventilaron todos los audios privados que nosotros teníamos dentro del marco de la gestión, y es una sociedad de relaciones primarias, muy tradicional, donde lo que diríamos en sociología, el rumor, es estructurante de la vida social, y eso independientemente que las cosas que uno habla en audios privados puedan ser veraces o no, en tono jocoso o inclusive ironía. Porque no entró a la provincia de Santa Fe la ironía, no existe, existe el lenguaje directo. La ironía es una forma de lenguaje que no se utiliza allá, eso fue utilizado mediáticamente para detractarnos, y después terminamos con una causa judicial feroz.
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Me gustaría que profundizara en el tema económico, y sobre esas financieras que usted dice que llamaban. Cuente a la audiencia el tamaño del negocio…
El negocio de la droga estalla como un negocio de altísima rentabilidad allá por el año 2010 a 2020. Los muchachos que se dedican a gerenciar ese negocio están en viejas organizaciones criminales muy rústicas y muy violentas. La tradición, la historia criminal de Rosario, es la de un crimen extremadamente violento. Es diferente de otras experiencias, como la de San Martín, donde los viejos narcotraficantes eran piratas del asfalto, muy entrenados en negociar con el Estado, en entender que es un negocio económico donde la violencia lo ponen en jaque, en Rosario es todo lo contrario.
Las grandes organizaciones de extorsiones, de robos, de piratería que existían en Santa Fe, en Rosario particularmente, son las que se apropian de ese negocio. La violencia atraviesa la configuración de esas grandes organizaciones. La violencia es un sello genético de las organizaciones en Rosario.
A esto se debe sumar un elemento fundamental, que es que cuando esa rentabilidad enorme comienza a generar ganancias tremendas para personas muy rústicas, muy alejadas del circuito de la sociedad integrada, al principio gastan.
Las primeras inversiones de estos grupos son autos de alta gama, propiedades de alta gama, pero siempre en la periferia, o sea que eran muy notables, y después evidentemente se dan cuenta de que no pueden seguir gastando ese dinero, que la cantidad era enorme.
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Alguna vez un ministro socialista me dijo que en el Jockey Club se produjo el vínculo entre los abogados narcos y las grandes financieras, porque «en este Jockey Club pueden entrar plebeyos con plata, y en cambio en San Isidro si no tenés doble apellido no entras».
Entonces, ahí yo entendí cómo se empezó a canalizar un montón de dinero a esas grandes financieras, que no son financieras del narcotráfico, son financieras históricas de la ciudad, muchas de familias honorables y de sectores de la burguesía muy emprendedora rosarina que ya no existe más. Charlé con un empresario adversario nuestro el año pasado en una reunión reservada, yo le decía «ustedes tienen que diferenciar el dinero del narcotráfico del dinero negro de la soja», y él me decía “¿Sabes lo que pasa?, el 50% de la economía rosarina está en negro, es muy difícil distinguir una cosa de la otra”.
Es decir, el mundo económico legal de Rosario gestiona una enorme cantidad de fondos, que son fondos de la evasión, pero que después se han mezclado con dinero proveniente de otro tipo de actividades. El circuito es el mismo, entonces, cuando se emprendieron investigaciones muy estimuladas por nosotros de seguir, lo que siempre se dijo que hay que hacer en este país, la ruta del dinero, nosotros nos tropezamos con la política.
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En la causa de juego clandestino, que empieza por un homicidio de un señor en el City Center, terminamos en el senador Traferri, uno de los mandamases más grandes de la provincia de Santa Fe, al cual no se lo pudo imputar de los delitos graves de asociación ilícita porque tiene fueros que son decimonónicos. Con los fueros de Santa Fe, para la legislación santafesina, no sólo no se lo puede imputar, sino que tampoco se lo puede investigar.
¿Me repite el nombre del senador?
Armando Traferri, senador del departamento de San Lorenzo, peronista, jefe político de la vicegobernadora de Perotti, Alejandra Rodenas.
No se lo pudo imputar. Esa causa está con un reclamo de los fiscales en la Corte Suprema de Justicia Nacional, porque se pone en tela de juicio allí justamente la constitucionalidad de esos fueros, reconocidos como constitucionales por la Corte Suprema de Justicia Provincial, donde cuatro magistrados votaron a favor de la constitucionalidad y uno en contra.
El periodista Germán de los Santos sostuvo que ocurre en Rosario por el puerto y el dinero de la soja…
No, él está entusiasmado con esa hipótesis, pero no tiene un solo hecho que dé cuenta del vínculo del narcotráfico local con el narcotráfico internacional, no hay una sola causa.
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¿Por qué Rosario y no Córdoba?
Yo le estaba explicando el tema del circuito de dinero. Después hay otros circuitos de dinero que te conducían hacia el Frente Progresista Cívico y Social.
Porque existe todo este andamiaje de un Ministerio Público de la Acusación hiper politizado que no investiga los delitos de poder. Además, fíjese, perdón, quiero aclarar esto, el fiscal con el que nosotros investigamos todo, Matías Edery, fue suspendido la semana pasada. Digo, ya se lo comieron. El otro fiscal, Luis Schiappa Pietra, desde que yo me fui de la provincia, guardó un sospechoso silencio y dejaron de investigar las grandes causas que nosotros estábamos investigando.
Ahora voy a la pregunta suya, hay una gran diferencia en el mercado de drogas de Rosario que no existe, por ejemplo, en Capital Federal, cuya envergadura de mercado es similar a la de Rosario o el Gran Buenos Aires, tanto en el sur como en el norte, en San Martín como en Loma de Zamora, por ejemplo. Tiene capacidades en Buenos Aires que no tiene en Rosario, donde las perdió hace mucho tiempo.
Hay dos grandes diferencias. Primero la capacidad del control interno de la propia organización, es decir, no hay grietas dentro de la corporación, no hay peleas internas, no hay fragmentación institucional. Allá en Rosario, en cambio, hay una norma interna por la apropiación de la guita, básicamente, de la recaudación ilegal. Desde hace años que se están disputando. Algunos policías trabajaban para una banda, otros policías trabajaban para otra banda, un sector policial corta para un grupo, otro sector policial regula para otro.
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Se comprobó largamente, Jorge, en la causa de Los Monos, que la investigación contra Los Monos la hizo una sección de la policía que se llamó División Judiciales, que estaba estrechamente vinculada al otro grupo narcotraficante, que era el de Alvarado. Eso lo dijeron Los Monos en el juicio, nadie les creyó porque eran criminales, pero se comprobó en el juicio que después hicimos contra Alvarado en el año 2022.
Segundo elemento fundamental, la policía no maneja la calle. Aquí en Buenos Aires la policía, aún con grietas, aún con desperfectos, sigue manejando la calle. La circulación de personas y de mercancías acontece a partir del permiso de la policía. Permiso legal o ilegal, Jorge, no importa, estoy haciendo una descripción sociológica. En Rosario esto no es así, en Rosario no paran una balacera porque la violencia pone en jaque el negocio, la violencia visibiliza el negocio criminal y visibiliza el entramado de acuerdos entre el Estado y el mundo criminal. La violencia no es negocio para nadie. En Rosario la policía no tiene capacidad de control de esa violencia, ganaría mucho más dinero si regulara el narcotráfico no violento porque ha perdido la capacidad de imponerse sobre las organizaciones.
Mire, en los dos grandes juicios que hubo en Rosario contra Los Monos en el 2018 y contra Alvarado en 2022 se comprobó que los sectores policiales que fueron condenados con ambas organizaciones estaban subordinados a los jefes narcos, no era al revés.
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¿Por qué en Rosario la policía no controla y no tiene el poder que tiene en el resto del país o por lo menos en Córdoba y Buenos Aires?
Ahí hay que hacer una etnografía un poco histórica, institucionalmente. La creación del Ministerio Público de la Acusación, que fue algo excelente, porque implicó la aplicación de nuevas normas procesales penales en un sistema adversarial, no fue hecho con una estrategia fuerte. El socialismo compartió con el peronismo, socio-minoritario, el reparto político de los fiscales y las fiscalas, con gente muy despreparada para atender este tipo de criminalidad, con salarios elevadísimos, pero que quedó un Ministerio Público de la Acusación muy dependiente de la política, hiper politizado.
Eso quiebra el monopolio histórico que tenían los jueces de instrucción sobre sectores policiales, para bien o para mal, pero las reglas estaban claras. Cuando se fragmenta la ventanilla de la justicia respecto de la policía, también se da un proceso muy fuerte de ventilación pública, de conocimiento público, de enorme cantidad de causas que comprometían a jefes policiales. Me remito solamente a una causa, el jefe de la policía de Santa Fe termina preso por proteger bandas narcotraficantes en la época de Bonfatti.
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Esto fue así, y gran parte de los jefes, inclusive en la gestión de Lifschitz y en la gestión ministerial de Pullaro, hay un jefe policial, que fue Corbellini, que fue muy mencionado en la causa que comprometía a Traferri como uno de los grandes recaudadores de fondos, y mano derecha del actual gobernador Pullaro cuando era ministro de Seguridad, que los fiscales, el fiscal Schiappa Pietra, decidió no investigarlo, habiendo un montón de elementos que daban cuenta de la necesidad de hacerlo, porque estaban los testimonios de los propios condenados acerca de cómo le pagaban a Corbellini.
Con lo cual, quiero decir que había un nivel de fragmentación institucional fenomenal, porque el propio Leonardo Peiti era el gerente del juego clandestino más importante de la provincia. Cuando contaba cómo armó el negocio decía: «yo arreglaba con un sector de la policía, venía otro sector de la policía y me pedía más, y yo al final trabajaba para la policía. Cuando dejé de darle a este sector de la policía me empezaron a armar estas causas». Tras todos estos testimonios se investigó el peronismo, pero nunca se investigó al Frente Progresista.
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¿Por qué en Rosario? ¿Por qué en Santa Fe? Qué particularidad tiene que hace que esas divisiones, el contubernio político entre el dinero negro y la política, la justicia y la policia.
Cuando hablo del dinero de narcotraficantes, directamente con las financieras, es que acá no es mediado en Rosario por la policía. La policía dejó de ser un actor fundamental de ese componente.
La falta de conducción política es un factor, sin lugar a dudas. Es decir, este diagnóstico está desde hace mucho tiempo. Lo que no ha habido es un proceso de depuración y de reforma a la altura de las circunstancias que se tienen que atender.
Mire, en la institución policial, por ejemplo, ahora están pidiendo refuerzos de las Fuerzas Federales. Pero habría que avisarle a la ministra Bullrich que no se deje engañar, porque el 25% de la policía de Santa Fe está de licencia por carpeta médica y psiquiátrica, y la mayoría de esas carpetas son mentiras. Entonces vos tenés una policía dotada con un conjunto de personas que no quieren trabajar, que tienen la argucia institucional para no trabajar y no hay una decisión política de ir a fondo en la reforma de esa policía.
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Nosotros presentamos un proyecto integral de reforma policial para discutir con la oposición. A mí nunca me convocaron cuando yo fui ministro para discutir eso. Era el ministro más polémico, era el ministro más picante, era el ministro más cuestionado por la oposición. Pedía a gritos que me interpelen para ir a la legislatura y nunca dejaron que yo vaya a la legislatura.
Quizá por temor a lo que yo sabía de las investigaciones que habíamos llevado a cabo, quizá por temor a un debate con una persona que tiene algún conocimiento de estas cosas, pero la verdad que nunca me dejaron explicar la necesidad de una reforma integral. Encima vienen y llegan las distintas gestiones y vuelven a empoderar a la policía que, reitero, que es la peor policía que yo he conocido en la Argentina y en la región.
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Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho con la conducción política, porque esta policía no resiste, Jorge. Esta policía no es una policía que se pare de mano, corporativa, que establezca reglas de juego a la política.
Yo nunca tuve problemas en la conducción de la policía. El problema es que la policía no sabe trabajar.
Cuando nosotros inauguramos una forma de trabajo a través de mapeo criminal en Rosario, nos costó una enormidad de meses hacerle entender a la policía de qué se trataba. Lo único que te pedían era más patrulleros y después los rompían. No entendían que había que focalizar la presencia policial donde estaban los problemas criminales. Es una policía muy despreparada y descalificada profesionalmente, con jefes que no tienen la más mínima idea de lo que son las nuevas técnicas de policiamiento urbano. ¿Se comprende? Eso es una responsabilidad política.
Ahora usted me dice, ¿esto está presente en Buenos Aires? Yo creo que también hay, por así decir, falta de conducción política, pero la corporación policial está mucho más estructurada y maneja la calle.
MVB FM
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