Un fallo de la Justicia Federal hizo que ahora el gobierno de Javier Milei ordenara reforzar la seguridad en los aeropuertos, las sedes de algunas embajadas y hasta instituciones religiosas y culturales pertenecientes a la colectividad judía, pasibles de nuevos ataques.
«Simple protocolo. No hubo amenazas», aclararon desde el Ministerio de Seguridad respecto a la intensificación de las medidas de protección que fue acordada en una reunión que protagonizó la titular de la cartera, Patricia Bullrich, y el secretario, Vicente Ventura Barreiro.
La decisión llegó luego de que la Cámara Federal de Casación Penal responsabilizara a la organización fundamentalista islámica Hezbollah, patrocinada por el gobierno de Irán, de los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994.
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La intención de la administración es maximizar los cuidados en las áreas que consideran sensibles, susceptibles a ataques del estilo. Algunos de los edificios son aeropuertos, las embajadas de Estados Unidos y la de Israel, e instituciones culturales y religiosas de la colectividad judía.
Sin embargo, la Agencia AJN publicó que la comunidad judeoargentina dijo que no tomará medidas adicionales tras el alerta antiterrorista del Gobierno.
«Por el momento, no se considera necesario tomar ninguna precaución adicional. En caso de ser necesario, las medidas serán notificadas de manera oportuna a través de los canales oficiales. Todos los eventos y/o actividades pueden continuar sin alteraciones con sus respectivas medidas de seguridad», aclaró la comunidad judía.
El fallo sobre el Atentado a la Amia
El fallo declaró, además, que ambos episodios deben ser considerados como delitos de lesa humanidad, lo que implica que las investigaciones no prescriben pese al paso del tiempo y la carencia de resultados judiciales.
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Los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña determinaron que ambos atentados fueron planificados desde Irán y ejecutados por Hezbollah, organización a la que definieron como un virtual brazo armado para acciones terroristas.
Los jueces ratificaron el carácter de lesa humanidad, que en el caso de la AMIA ya había sido declarado por el juez Rodolfo Canicoba Corral hace casi dos décadas.
El tribunal rebajó, por otra parte, la condena contra el ex juez Juan José Galeano, quien pasó de seis a cuatro años de cárcel por el presunto pago ilegal al desarmador de autos Carlos Telleldín para que involucrara falsamente a policías bonaerenses en el atentado contra la mutual judía.
A los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia les mantuvo los dos años de prisión, y a Telleldín lo absolvió al no poder certificar que hubiera tenido participación directa o indirecta en el ataque.
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También fue absuelta Ana María Boragni, ex mujer de Telleldín, quien durante una audiencia reciente dijo al tribunal que cuando se pactó un pago ilegal de 400 mil dólares a su ex pareja estaba presente el entonces ministro del Interior, Carlos Corach.
Entre los absueltos también aparece el ex titular de la DAIA Rubén Beraja. Además, desvinculó al ex juez Galeano del encubrimiento de la denominada “pista siria” y por extensión hizo llegar el alcance de esa decisión al difunto ex presidente Carlos Menem.
La resolución exhorta al Estado argentino a formular un reclamo formal en tribunales internacionales contra la República Islámica de Irán.
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