A días de conmemorarse un nuevo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) llamó a poner en práctica el Pacto de Marzo, con el objetivo de ratificar el acuerdo político y social para defender los derechos humanos, avasallados durante la última sangrienta dictadura militar. La iniciativa busca ser precedente a la convocatoria del presidente Javier Milei de firmar el Pacto de Mayo, que contiene diez puntos de principios fundacionales para la República, en donde señala la importancia de un Estado austero, la defensa del sector privado en la economía y la reforma política, pero que se ausenta la defensa de la democracia.
“El pasado siempre es materia de controversias y visiones divergentes sobre lo sucedido, de opiniones, matices, desacuerdos con la forma que otros han tenido de procesarlo. Desde diciembre de 1983, estas diferencias se desplegaron a partir de un pacto básico y fundamental: elegimos la democracia, elegimos el derecho a la organización, la disidencia, la palabra, elegimos que no queremos ir a una manifestación en la calle con miedo a ser reprimidos, elegimos a las Fuerzas Armadas afuera de las instituciones civiles. Este 24, elegimos el Pacto de Marzo”, sostuvo un comunicado de prensa.
Gases, balas de goma y camiones hidrantes no son inofensivos
A 48 años del golpe militar de 1976 en el país, el CELS sostuvo que el Día de la Memoria se realizará “en un contexto inédito”: “En cada aniversario del golpe de 1976 marchamos para ratificar que compartimos tanto el rechazo a la dictadura militar y su plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio, como acuerdos básicos para una vida en democracia. Este 24 de marzo se cumplen 48 años en un contexto inédito que nos pone ante el desafío de volver a firmar este pacto esencial”.
Negacionismo y relativismo
El CELS, que es presidido por Sofía Tiscornia y fue creado en 1979, alertó un contexto hostil para la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al sostener que “el presidente Javier Milei y las máximas autoridades del país repiten formas de negacionismo y relativismo del terrorismo de Estado”.
“Hemos visto homenajes en cuarteles militares a represores condenados por delitos de lesa humanidad con el aval de las autoridades políticas. Estos mensajes, que habilitan la violencia estatal y la crueldad, son corrosivos para la sociedad y abren muchos interrogantes sobre la formación democrática de los jóvenes que se inician en la carrera militar”, afirmó la organización.
Un represor con prisión domiciliaria organizó un «fiestón» de aniversario con 60 invitados y show de Palito Ortega
El CELS dijo que el “avance castrense sobre áreas civiles del gobierno es significativo”, y denunció que “militares retirados ejercen numerosos cargos políticos, que a lo largo de estos cuarenta años de democracia fueron ocupados por civiles”. Y puntualizó que “en algunos casos, estas funciones atentan contra la demarcación entre defensa nacional y seguridad interior, ya que el gobierno ha puesto militares a ejercer funciones de inteligencia nacional o prevención del delito”.
Civiles y su función en la “gran familia militar”
En el CELS advirtieron que existen “funcionarios y legisladores” que son civiles, pero que “se reconocen a sí mismos como integrantes de ‘la gran familia militar’ y representan esos intereses”. Y señalaron que “frente al grave crecimiento de la violencia asociada al narcotráfico, el gobierno se encamina a militarizar la política de seguridad”. “En conjunto, verificamos un retorno de sectores militares a la vida política argentina, una participación que había sido limitada por acuerdo de los sucesivos gobiernos y gran parte de las Fuerzas Armadas”, alertó un comunicado de prensa.
La denuncia apuntó contra la reinstauración de un discurso que pone en duda el acuerdo de las políticas públicas de memoria y responsabiliza al oficialismo y a “algunos sectores de las fuerzas armadas”: “Esta transformación está ocurriendo, por ejemplo, en el discurso sobre la guerra de Malvinas: el sector del gobierno que se referencia en la vicepresidenta Victoria Villarruel avanza en lugares importantes desde los cuales se difunde un relato que escinde a la guerra de la política dictatorial”.
La ley que pena el negacionismo ingresó al Congreso
“El discurso oficial retoma y resignifica los valores rectores de la dictadura: quebrar los lazos sociales, la organización y la movilización, suprimir las disidencias, los derechos humanos, la protección estatal, cambiar el régimen económico. Se extiende también la idea de que es necesario conceder derechos e institucionalidad democrática en pos de que alguien imponga el orden”, enfatizó el comunicado de prensa.
AM / ED
Publicado en Perfil