El actual gobierno argentino pregona que lo suyo no es una mera gestión administrativa del Estado, sino una batalla por un “cambio cultural” que busca destruir todo vestigio de lo que llama “ideología progresista”. Así, el gobierno argentino se auto-asume como reaccionario y conservador, en tanto el progreso se identifica con el cambio, el avance, lo novedoso, el futuro; mientras que lo reaccionario y conservador se vincula con lo establecido, lo perimido, lo pasado, el congelamiento del orden jerárquico. Lo anterior sorprende porque para muchos este gobierno reaccionario representa un cambio novedoso, pero esa confusión no es tema de este artículo. Baste señalar que parte de esta confusión proviene del accionar y la pérdida de credibilidad de gobiernos previos a los que se tilda de progresistas.
En cualquier caso, en sus procedimientos, la batalla cultural que estaría peleando el actual gobierno no es muy diferente a sus antecesores, en tanto parte de dividir a la sociedad argentina en dos polos antagónicos. La experiencia histórica enseña que, independientemente de su proclamada ideología, estas prácticas son más destructivas que creativas, por lo que sus triunfos temporales se desmoronan rápidamente y no tienen futuro más allá de los escombros sociales deprimentes que dejan.
En sus prácticas guerreras, el actual gobierno argentino reconoce cuatro frentes de batalla claves: la “liberación” de los mercados regulados por el Estado (especialmente el laboral), la defenestración de la “ideología de género”, la negación de la crisis ambiental y el desmembramiento de (ciertas) actividades del Estado. Apostando a la destrucción de estos frentes, se plantea la “refundación” de los principios de organización que la sociedad argentina.
Así, el capitalismo neoliberal reaccionario que busca instaurar el gobierno y sus acólitos, no abarca sólo al sistema económico, sino a todo el sistema social. Su objetivo es subordinar la totalidad de las actividades humanas a un único fin: generar excedente económico, ganancias y acumulación de capital en manos privadas. Para ello busca explotar y expropiar al máximo tanto los valores económicos de mercado, como aquellos que se generan en campos presentados como “no económicos”; por ejemplo, el doméstico, el medio ambiente y el Estado.
Con este fin, el gobierno comenzó su gestión con una fuerte devaluación, aumento de tarifas de servicios públicos de uso generalizado y recorte de gastos en áreas sociales sensibles para el ingreso de las familias más vulnerables (jubilaciones, asistencia social, salud, educación, ciencia, etc.). Así, aceleró aún más la ya altísima inflación heredada del gobierno anterior, provocando una caída brutal en los ingresos de la población. Complementariamente, pese a proclamar la “libertad de contratación” y para garantizar la caída del salario real, busca poner techo a las negociaciones paritarias. La profunda recesión económica provocada por estas y otras medidas, genera un escenario de “miedo al desempleo” que es muy eficaz para prevenir reclamos laborales y sociales.
Complementariamente, se busca convencer que el trabajo humano se divide entre “productivo” (mercantil) e improductivo (trabajo reproductivo, comunitario, artístico, etc.). Con esto pretende desconocer el valor de los trabajos que no son controlados directamente por la propiedad del capital. En este aspecto, un emblema es su ataque a la denominada “ideología de género”, que expone el carácter desigual de la sociedad patriarcal y la explotación gratuita del trabajo doméstico de cuidado de las personas en su fase laboralmente formativa (infancia y adolescencia) y en la laboralmente pasiva. ¿Cómo puede ser improductivo y no pagarse el trabajo que es imprescindible para que exista el trabajo mercantil y para regular la salida hacia la pasividad laboral? En la práctica, lo que se busca es rechazar cualquier reclamo de remuneración por el trabajo reproductivo y de cuidado, o cualquier sistema público de cuidado. Claro, en beneficio gratuito del capital que se apropia de los frutos de esos trabajos.
En el mismo sentido, el gobierno ataca a las políticas de salud reproductiva, incluyendo al aborto legal, buscando promover una mayor tasa de natalidad en los grupos más pobres para debilitarlos aún más y ampliar la oferta y la precariedad laboral. Esto profundiza la reproducción hereditaria de la pobreza y la concentración de la riqueza, lo cual se combina con un discurso “meritocrático” que oculta la desigual distribución de las oportunidades de vida al nacer de las personas.
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También el gobierno niega la degradación ambiental y la crisis climática, atacando a los movimientos ambientalistas. Pese a las múltiples evidencias científicas de esta crisis, y de su centralidad en la agenda internacional, el gobierno – como otros previamente- niega el problema para favorecer la explotación privada de los recursos naturales y las ganancias de grupos concentrados. En la práctica, profundiza la matriz energética basada en combustibles fósiles no renovables, promueve exportaciones de hidrocarburos y minerales, busca derogar la ley de glaciares, etc. Así, cede al capital concentrado recursos naturales que pertenecen a las generaciones pasadas, presentes y futuras: agua, aire, tierra, bosques, minerales, etc. Se ve así la poca preocupación del gobierno por el futuro de la sociedad argentina, en tanto favorece beneficios corporativos presentes en desmedro de la salud, la vida y el bienestar de las personas en el presente y en un futuro cercano.
Al mismo tiempo, en su batalla contra la sociedad argentina, el gobierno argentino busca destruir ciertas actividades del Estado, queriendo convencer que deben desaparecer para ser reemplazadas por mercados privados. Entre otros chiché oficiales, se publicita que en el mercado supuestamente se ejercería la “libertad” y en el Estado la “coerción”. Esta es, nuevamente, una simplificación vulgar y un error flagrante.
Primero, en el ámbito mercantil existen potentes mecanismos de coerción, empezando por el mercado laboral donde se obliga a aceptar cualquier condición de empleo para poder tener un ingreso de supervivencia. Además, monopolios y oligopolios imponen a la población precios y calidades de bienes y servicios básicos para la vida, sin que existan opciones de salida. Esto sucede mientas los mismos grupos económicos reclaman el uso de la coerción del Estado pidiendo subsidios, garantías para su propiedad privada, represión de protestas sociales, construcción de infraestructura, etc.
Este gobierno también hace uso coercitivo de la llamada “represión financiera”, mediante la cual la política monetaria oficial le extrae recursos al público ahorrista decretando que se paguen tasas reales de interés negativas. Así, reduce compulsivamente el poder de compra del público, licua deudas y habilita el financiamiento barato (escaso por ahora) a grupos privados. El mismo poder coercitivo se aplica para habilitar negocios privados por la destrucción de los (ya deficientes) servicios públicos en áreas sensibles como salud, educación y previsión social. Por lo mismo se ataca a la ciencia y tecnología estatal, para que las corporaciones puedan apropiarse de recursos humanos con conocimiento acumulado a lo largo de varias generaciones y transformarlo en ganancias por patentes, royalties, etc.
En la práctica, la única coerción estatal que no quiere la coalición gobernante es el poder constitucional que tiene el Estado para cobrar tributos, especialmente los directos sobre la riqueza e ingresos de los grupos opulentos; tampoco quiere el poder regulatorio de prácticas que reducen ganancias y control de mercados. El resultado es la caída brutal de la recaudación tributaria y los exuberantes aumentos no sólo en productos alimenticios, sino en empresas de seguros de salud, en educación, etc. En breve, la batalla cultural (o mejor, contra la cultura social) del actual gobierno argentino se monta en errores y oprobios de gobiernos anteriores para justificar, como falsa antítesis, prácticas coercitivas que garantizan ganancias y concentración de poder económico.
Es imposible que con estas prácticas se logre estabilidad, integración y bienestar de la sociedad argentina. En las complejas sociedades modernas, para lograr esos objetivos, las ganancias del capital deben contraponerse con otros valores claves: justicia distributiva, cuidado del ambiente y de las personas, solidaridad intra e inter generacional, respeto a las normas democráticas, auto-determinación colectiva, creación artística y científica, etc. Destruyendo estos valores en beneficio de las ganancias del capital conduce a una crisis sistémica y social. Mucho más si el gobierno actual continúa con prácticas corruptas, cooptación de otros poderes públicos, incorporación de funcionarios ineptos y con antecedentes de vida deshonesta, etc. En esto, no parece haber mucho cambio cultural.
Hay que entender que todos los órdenes sociales son necesarios y deben articularse adecuadamente para garantizar el bienestar general de la población y la estabilidad económica y social. La crisis en uno de ellos altera al conjunto. Por ejemplo, la profundización de la crisis climática provoca daños irreversibles no sólo en el hábitat humano sino al propio sistema económico, generando shocks productivos, alterando el sistema de precios, etc. Negar estos y otras múltiples relaciones ampliamente estudiadas sólo muestra la incapacidad para comprender y administrar asuntos de interés general.
Javier Milei y «la batalla cultural»
En fin, los sacrificios que el actual gobierno argentino impone a la sociedad son irracionales y reaccionarios. No hay presente ni futuro mejor por este camino, sino más incertidumbre y profundización de daños económicos, sociales, ambientales, etc.; obvio, también crecientes conflictos de todo tipo. ¿Qué futuro mejor puede haber en una sociedad que profundiza la explotación laboral, la sociedad patriarcal, la expropiación privada de recursos naturales, la destrucción de estructuras prestadoras de servicios públicos esenciales?
Luego de tantos años de decadencia, habría que dejar de promover divisiones y climas bélicos para avanzar con acciones que promuevan la integración y la cohesión social. Esto requiere una sociedad más igualitaria, con una reforma laboral que revierta la precarización del mercado, que reconozca la necesidad de todos los trabajos (mercantiles y no mercantiles) y que garantice ingresos a toda la población. También con inversiones que provoquen un cambio de matriz energética y defiendan a la sociedad del colapso ambiental. Además, con un sistema universal de cuidados que, junto con políticas de sostenimiento de ingresos y acceso universal a bienes y servicios públicos básicos, garantice niveles básicos e incondicionales de bienestar a la población.
Este es el camino para crear condiciones para una mayor integración social y libertad real de las personas. Por el camino actual, la coercitiva libertad de mercado se obtiene a costa de dinamitar el progreso social y aumentar la opresión, la angustia y la desesperanza de la población.
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