A dos días de la masiva movilización por el Día de la Memoria, l Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó este martes a los represores del Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Brigada de San Justo y “El Infierno” de Lanús, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. Entre las víctimas de esos crímenes se destacan los estudiantes desaparecidos en la llamada «Noche de los Lápices», que fueron vistos por última vez en el Pozo de Banfield.
Los sentenciados a prisión perpetua fueron el exministro de gobierno bonaerense durante la dictadura Jaime Lamont Smart, y el exmédico de la Dirección de Investigaciones, Jorge Bergés. A los dos exfuncionarios se los encontró responsables directos de la desaparición de un grupo de jóvenes militantes de la Unión de Estudiantes (UES) y de la Juventud Guevarista, secuestrados en 1976.
Durante la jornada se le dictó la pena máxima al exjefe del Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada, Federico Minicucci; al exjefe de Actividades Psicológicas, Guillermo Alberto Domínguez Matheu; al excapitán, Carlos Gustavo Fontana. También se condenó al exjefe de la Sección Reunión Interior, Carlos María Romero Pavón; al exjefe de Sección de Operaciones Especiales, Jorge Héctor Di Pasquale; al exjefe de la Central de Reunión, Roberto Armando Balmaceda; al oficial principal de seguridad en la Brigada de Lanús, Horacio Luis Castillo, y a Juan Miguel Wolk, exdirector de Investigaciones Zona Metropolitana.
La Justicia Federal además sentenció a 25 años de prisión al exjefe de la Sección Comando, Alberto Julio Candioti y absolvió al exsegundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad, Enrique Barré. Este último fue el número dos de Juan Miguel “El Nazi” Wolk en el Pozo de Banfield y, hasta diciembre del año pasado, fue defendido por el actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en la causa, acusó a los imputados por privación ilegal de la libertad y tormentos de 23 embarazadas y una madre secuestrada junto a su hijo, y por la sustracción, retención y ocultamiento de diez nietos y nietas, siete de los cuales ya recuperaron su identidad, según informaron en un comunicado.
El tribunal integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, junto a Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero, indicó que los delitos fueron cometidos en el marco de un genocidio. El Tribunal dio lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para que se juzgue el caso de un aborto forzoso, contra una de las víctimas. También en el fallo se tuvo en cuenta la persecución y los delitos cometidos contra el colectivo LGBT+.
Fue la primera vez en la historia argentina que hubo condenas por los delitos hacia travestis y trans, en el marco del terrorismo de Estado.
Los represores están todos en prisión domiciliaria, a excepción de Di Pasquale, que está detenido en la Unidad 34 de Campo de Mayo, informó Página/12. El TOF1 dispuso realizar estudios de salud a los represores para evaluar si pueden cumplir la pena en prisión. El 5 de julio se conocerán los fundamentos de la sentencia.
El juicio había iniciado el 27 de octubre del 2020 de manera virtual, producto de la pandemia. En el proceso judicial, los testigos contaron qué sucedió con 610 víctimas que estuvieron secuestradas en los centros clandestinos de detención bonaerenses y el TOF 1 estudió las responsabilidades del gobierno y policía provincial, y del ejército y el aparato de inteligencia, para entender el rol del Destacamento de Inteligencia 101. Uno de los principales imputados era el excomisario de la policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien falleció en julio del 2022 con múltiples condenas a prisión perpetua.
El fallo se proyectó a través de una pantalla en la puerta de los Tribunales. La lectura de la sentencia finalizó pasadas las 18 y estuvieron presentes el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, y el último nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, Daniel Santucho Navajas. Pablo Díaz, Emilce Moler y Gustavo Calotti, sobrevivientes de la Noche de los Lápices, también estuvieron allí junto a familiares de los desaparecidos.
El fallo reconoció una “violencia diferencial” hacia personas trans
Entre las más de 600 personas que fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad que se juzgaron en esta causa, además de las mujeres embarazadas y los nietos apropiados, esta fue la primera vez en la historia argentina que hubo condenas por los delitos hacia travestis y trans, en el marco del terrorismo de Estado. La fiscalía remarcó el carácter de víctimas de las 8 mujeres trans que fueron llevadas al Pozo de Banfield, ya que sufrieron “toda clase de vejaciones”.
“Debemos nuevamente resaltar que estas mujeres formaron parte de las personas consideradas enemigas, justamente porque no se ajustaban al modelo sexo-genérico que el terrorismo de Estado buscó garantizar y eso implicó que adicionalmente sufrieran no sólo las violencias generales de las personas que estaban en el Pozo de Banfield, sino también violencias diferenciales, en razón justamente de sus identidades de género”, destacaron Gonzalo Miranda y Ana Oberlin, integrantes de la Unidad Fiscal Federal de La Plata.
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Las sobrevivientes, en sus declaraciones, tuvieron como hilo conductor la exclusión social y la violencia policial y militar antes, durante y luego de la dictadura. Entre 1976 y 1980, tenían entre 15 y 23 años. Pese a no conocerse en aquel entonces, tuvieron las mismas vivencias: la detención ilegal en el “Pozo de Banfield”, el sometimiento a torturas, abusos sexuales y trabajos forzados, con un ensañamiento particular debido a su identidad de género.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal instaron a los gobiernos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires a que tomen medidas reparatorias para las víctimas travestis y trans, como reincorporaciones laborales, ascensos y beneficios jubilatorios. Asimismo, solicitaron que se difunda esta información y que se remita una copia de la sentencia al Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, en consideración de la campaña de represión que invadió a todo el Cono Sur, conocida como Plan Cóndor.
ML / ED
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